La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, lleva desde que empezó a gobernar pensando en qué hacer para convertir Madrid en la versión europea del Miami latino. Las distintas campañas para atraer a grandes inversores procedentes de países latinoamericanos y que las grandes producciones culturales de habla hispana pasen por la capital, o el esfuerzo por hacer crecer en apenas tres años el festival de la hispanidad como referente de todo lo español en el mundo (y también dentro de España) han sido ejemplos de este intento de convertir Madrid en epicentro del mundo latino. Ahora, la presidenta da un paso más para que el ámbito educativo también resulte atractivo para la población hispanoablante.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid está planificando una reducción significativa en las matrículas universitarias para los estudiantes latinoamericanos. Se busca que paguen lo mismo que los alumnos locales y de la Unión Europea (UE), corrigiendo lo que consideran un «agravio» actual para los latinoamericanos. Un ejemplo destacado es que un estudiante que desee estudiar Medicina en una universidad pública madrileña, que actualmente paga 8180 euros, con la nueva medida solo pagaría 1240 euros, igualando a lo que abonaría un estudiante de la UE.
La propuesta no afectará el financiamiento de las universidades públicas, ya que el gobierno regional asumiría el costo de la reducción. No obstante, esta medida no se aplicará a las universidades privadas. La iniciativa podría beneficiar a unos 2800 estudiantes, en su mayoría de países como Colombia, Ecuador, Perú, México y Chile. El costo total de la reducción para la Comunidad de Madrid podría oscilar entre 14 y 22 millones de euros.
El Consejero de Educación, Emilio Viciana, enfatizó en la intención de fortalecer los lazos con Latinoamérica y que Madrid sea visto como un epicentro de encuentro hispanohablante. Además, dentro de una nueva Ley de Universidades, se implementarán medidas para asegurar que todos los estudiantes internacionales tengan un dominio adecuado del español antes de obtener sus títulos universitarios. Esta decisión se enmarca en las tensiones entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el gobierno nacional dirigido por Pedro Sánchez, especialmente en el ámbito educativo.
